lunes, 10 de diciembre de 2012

Chuayffet, Tovar y el Convenio Andrés Bello



Por: Eduardo Cruz Vázquez

Dentro de la vasta reforma cultural que el sector demanda, está la relación y pertinencia de la participación de México en los organismos internacionales de cultura. Veamos dos que se operan en la Secretaría de Educación Pública: la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Convenio Andrés Bello (CAB). Esto obedece a que sus objetivos les vinculan con lo educativo más que con la política exterior, mandato que por muchos años ha sido cuestionado. Pero eso es lo que tenemos, difícilmente los países miembros serán capaces de aceptar que los tiempos ya no son para una visión tan inapropiada.

Si bien ambos merecerán la atención del secretario Chuayffet, dado que son su responsabilidad directa, bien haría Rafael Tovar en acordar que sean asunto del Conaculta, como lo es el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc) y debe ser la Casa de México en París. Desde el Consejo podrían estructurarse mejor y sacarles mayor provecho, que al fin de cuentas atañen a lo cultural amén de ser una inversión de gasto público. Mientras la OEI mantiene una estabilidad a costa del dominio financiero y político de España, tanto así que hay oficinas en cada nación (en nuestro caso, la titular es Karen Kovacs, muy cercana a don Fernando Solana), el CAB es tarea de la dirección de asuntos internacionales de la SEP. Este organismo de integración a través de la cultura, la educación, la ciencia y tecnología, comienza una nueva etapa tras una profunda reorganización.

En octubre del 2009, los ministros de Educación, que conforman el órgano mandante del Convenio, pidieron que se hiciera una revisión exhaustiva de los manejos administrativos y financieros. Esta labor duró dos años, "se puso en orden la caja" a efecto de reactivar el nombre y ponerlo a circular con nuevos bríos, me comentó hace unas semanas su secretaria ejecutiva, la colombiana Mónica López.

Con sede en Bogotá, es un órgano intergubernamental creado en 1970. México se adhirió en el 2004. Los aportes económicos de los países, los intereses que generan son parte del sustento del Convenio. La otra es responsabilidad del gobierno colombiano en virtud de su carácter fundador y por el monto con que lo financia.

 CAB está integrado por Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, México, Perú, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. La Presidencia del órgano mandante, la Reunión de Ministros de Educación, tiene rotación. En este momento recae en Ecuador.

Destacan sus aportaciones con los programas Somos Patrimonio, de Economía y Cultura, de manejo de cuentas satélites de cultura y legislación y derechos culturales. Cuenta con tres institutos: en Ecuador, el Instituto Andino de Artes Populares; en Perú, el Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales, y en Bolivia, el Instituto Internacional de Integración.

Mónica López me contó que se observaron distintos procesos. Destaca el referido a los acuerdos que se habían celebrado en ese 2009 y que al suspender acciones el Convenio, obligó a devolver los recursos a las entidades con las que se habían pactado acciones conjuntas. Me dijo que se empuja la comunicación estratégica con la ciudadanía, "conectarse con los saberes de la población, porque eso implica que los temas que dan sentido al organismo sean objeto de apropiación por todo ciudadano de a pie".

El debate debe ponerse sobre la mesa.

LO QUE VALE LO QUE SIGNIFICA. Esta semana veremos la primera labor de Rafael Tovar y de Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. El asunto se antoja sin problemas, ya que se trata de mantener en el 2013 los 16 mil millones de pesos de presupuesto ejercidos en el 2012, de los cuales alrededor de 4,000 son los famosos "etiquetados", además de los estímulos fiscales. En lo que ambos podrían ponerse de acuerdo y sentar un precedente, es en criterio de asignación y la entrega oportuna de éstos. Vencer el clientelismo de gobernadores, alcaldes y demás interesados en obtener los fondos a merced de repartos políticos. Y si hay recorte, pues, mal inicio de sexenio.

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