POR: Judith Amador Tello /Apro
Al rendir cuentas de su primer año al frente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Rafael Tovar y de Teresa habló ante los medios de la necesidad de contar –ahora sí– con el marco jurídico del cual ha carecido desde su creación por decreto presidencial en 1988.
Tovar y de Teresa, quien dirigió al Conaculta de 1992 a 2000, argumentó en aquellos primeros ocho años que lo importante era cumplir con las actividades culturales y no pretender ceñirlas a lineamientos legaloides.
Todavía hace un año, al ser entrevistado por el semanario Proceso, dijo que uno de los propósitos en su regreso a la presidencia del organismo era fortalecerlo, pero aclaró no necesariamente dotarlo “del marco jurídico… sino de impulsar un programa adecuado a los nuevos tiempos”.
Descartó entonces que una nueva ley o estructura administrativa fuesen como “una varita mágica” para resolver los problemas del Consejo. Su prioridad, dijo en aquel momento, era el programa cultural, luego ver los vacíos jurídicos que pudieran interferir en su cumplimiento y mejorar posteriormente el marco jurídico:
“No es al revés. Porque he oído: ‘¡Es que se necesita un marco jurídico!’ No, no, no, para mí lo que se necesita es un programa y de ahí ver dónde están las lagunas, las dispersiones, duplicaciones, y a partir de ahí buscaremos hacer una propuesta específica.”
Ahora, durante el brindis de fin de año realizado en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo el pasado lunes 16 de diciembre, dijo que una de las debilidades del Conaculta, a 25 años de su fundación, es la carencia de un marco jurídico y por ello una de las prioridades de su administración será su creación:
“Lamento que cuando yo estuve en Conaculta no se haya podido lograr, luego vinieron doce años y quienes me antecedieron lo buscaron pero ahora sí, se convierte en una prioridad y tarea a lograr.”
En realidad se sabe que durante su años de trabajo al frente del Consejo, durante el gobierno de Carlos Salinas y el de Ernesto Zedillo, Tovar y de Teresa no se ocupó del marco jurídico. Su sucesora Sari Bermúdez presentó un proyecto titulado Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, visto por algunos críticos como la pretensión de ser el marco jurídico y que quedó rebautizado como Ley Sari por vox populi.
Consuelo Sáizar habló de su propósito de construir el marco jurídico y hasta presentó a su secretario técnico. Fernando Serrano Migallón, ahora subsecretario de Educación Pública, como la persona encargada de elaborar la propuesta correspondiente. Al final se filtraron a la prensa tres cuartillas que, se dijo, eran el proyecto, pero no constituían un marco y el asunto no pasó a mayores.
Tovar y de Teresa dijo tras su informe que “es muy importante” que México cuente con una institución cultural fuerte, como la tienen muchos países latinoamericanos de los cuales el Conaculta ha sido referente.
Y aunque no utilizó las palabras duplicidad o desorden administrativo, como en su momento señaló el desaparecido dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, o el investigador y periodista Eduardo Cruz Vázquez, se refirió a que el Conaculta está conformado por 12 organismos descentralizados, sociedades anónimas, 19 unidades administrativas, museos, bibliotecas y una responsabilidad de millones de obras de patrimonio cultural, que hacen necesario “aplicar adecuadamente los recursos y poder convertir al Conaculta en lo que es: Un consejo”.
En la entrevista con Proceso, en diciembre del año pasado, Tovar descartó la creación de una secretaría. Está vez, en el brindis de fin de año declaró al abundar sobre el marco para el organismo responsable de la política cultural del Estado:
“Lo de menos es la forma administrativa que adopte, lo más importante es contar con una institución que permita coordinar al sector en su conjunto. No que dependa de quien esté sentado en la silla en el momento, sino que se convierta en una fuerza institucional.”
Sólo que diversos especialistas han señalado que sí es importante determinar que figura se dará a la institución en su marco jurídico: Si quedará como Consejo, como organismo descentralizado, desconcentrado, autónomo, seguirá dependiendo de la Secretaría de Educación Pública o será una secretaría aparte para la cultura. De ello dependen temas como el presupuesto, la transversalidad, el aprovechamiento de los recursos financieros y materiales, y hasta la responsabilidad del cuidado del patrimonio cultural.
Por lo pronto, Tovar informó que ya se está trabajando con las comisiones de cultura de las cámaras de Diputados y Senadores sobre el tema.
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