SLP contra la ley de telecomunicaciones

Aumento de la competitividad, privatización, inversión y apertura de mercados han sido los ejes sobre los que Peña Nieto ha implementado sus llamadas reformas estructurales, incluida la de telecomunicaciones y radiodifusión.

La lógica sobre la que se sostienen es la de limitar los derechos de la ciudadanía y favorecer las condiciones para que los grupos económica y políticamente dominantes en el país mantengan e incrementen sus privilegios.

La política peñanietista de reformas ha sido concretada mediante una estrategia clara: favorecer consensos entre las diversas fuerzas respecto a aquellos aspectos fundamentales de las reformas; utilizar las alianzas para imponer por mayoría aquellos aspectos donde hay diferencias; y aprovechar las leyes secundarias para reconfigurar el sentido jurídico de las reformas aprobadas en beneficio del gobierno y de los grandes propietarios.

Esto explica por qué diferentes voces, en su momento, recibieron con beneplácito la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión, y  hoy se sienten traicionados con las propuestas de leyes secundarias del Ejecutivo, que están a punto de aprobarse en las instancias legislativas.

La disputa es ahora por unas leyes secundarias que respeten los derechos ciudadanos a la libertad de expresión y libre acceso a la información. Pero, ¿por qué oponerse a la aprobación de estas leyes secundarias? Enseguida algunas razones:

1. Porque como audiencias ciudadanas merecemos otras opciones televisivas para nuestro consumo, que no sean exclusivamente las que en televisión abierta ofrecen Televisa y TV Azteca. No es suficiente que a Televisa se le reconozca como agente económico preponderante en televisión abierta y no se le considere así en televisión de paga. No es conveniente que los intereses de este consorcio televisivo se mantengan intocados en lo fundamental.
2. Porque no creemos justo que la publicidad siga prevaleciendo en las programaciones televisivas (18%) y radiofónicas (40%), considerándose su total de horas de transmisión, y no una cuota de tiempo publicitario por hora. No es correcto que a las empresas mediáticas se les deje en libertad de colocar su publicidad en el momento que más les convenga, ni que sus anuncios sean camuflados como noticia o parte de su programación. Tampoco que se gratifique con más publicidad  al concesionario que incluya más del 20% de programación nacional independiente.
3. Porque la Secretaría de Gobernación (Segob) no debe convertirse en la instancia que monitoree y sancione lo que es permisible y lo que no lo es en el terreno de la circulación de la información. Y porque dicha secretaría no tiene que convertirse en vigilante, reguladora y controladora política de los contenidos, programación de los medios, ya que, en el fondo, es una forma de garantizar sus intereses de gobierno.
4. Porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe fungir como un organismo realmente autónomo, en el cual no debe haber intervención del gobierno, ni a través del Ejecutivo ni de ninguna de sus secretarías.
5. Porque es necesario contar en el espectro radioeléctrico con la alternativa representada por los medios sociales, para lo cual se les debe dar las facilidades de existencia y no ser tratados como si fueran medios privados.
6. Porque se deben favorecer las condiciones para la existencia de medios indígenas, creando las condiciones para su funcionamiento y existencia jurídica.
7. Porque necesitamos de verdaderos medios públicos, con independencia editorial respecto a los gobiernos, autonomía financiera y posibilidad de allegarse sus propios recursos principios.
8. Porque no debemos estar de acuerdo en que las empresas concesionarias del servicio de telecomunicaciones durante dos años pasen a dependencias de seguridad nacional, procuradurías y ministerios públicos información sobre formas, horas, lugares y duración de nuestra comunicación como usuarios.
9. Porque no tenemos que aceptar que, con el pretexto de la políticas de seguridad de Estado, se geolocalicen, en tiempo real, nuestros dispositivos de comunicación cuando se consideren riesgosos para la estabilidad del país, sin que medie orden judicial ni precisiones que eviten la violación de nuestros derechos humanos como usuarios.
10. Porque no compartimos la idea de que las empresas concesionarias tengan la facultad de bloquear, inhibir o anular las señales de telecomunicaciones cuando así lo soliciten las autoridades, no definidas.
11. Porque consideramos que al Ifetel se le deben asignar funciones de alfabetización mediática de la población que le permita realizar aprendizajes para acceder a los medios, navegar en Internet y usar las tecnologías de la información y la comunicación; usar dispositivos; comprender el sentido de información que se recibe; y distinguir entre publicidad, información y programas.
12. Porque como audiencias tenemos derecho a contar con un recurso o figura legal que nos proteja de nuestro propio defensor audiencia y de los concesionarios.

Echar abajo estas leyes secundarias no es asunto que se resuelva sólo con amparos y controversias constitucionales. De las avenidas virtuales a los espacios públicos reales, esa ha de ser la alternativa.

Es necesario construir un gran movimiento a favor del derecho ciudadano a la comunicación. Por eso es agradable saber de convocatorias a marchar en las calles contra el silencio que se quiere imponer.

 ¿QUÉ ES LA CAMPAÑA NO MÁS PODER?

La concentración de los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país, es uno de los motivos por los cuales la reforma constitucional del 11 de junio de 2013 dispuso que el Congreso de la Unión aprobara una Ley convergente, en la que se incluyeran disposiciones legales para disminuir el poder que concentran particularmente tres operadores.

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) señaló en el Programa para licitar dos nuevas cadenas de televisión que este mercado “registra un alto nivel de concentración, ya que Grupo Televisa y Televisión Azteca en su conjunto concentran, directa o indirectamente, 95 por ciento de las concesiones, 96 por ciento de la audiencia y 99 por ciento de los ingresos por publicidad…”

 

Se sabe, adicionalmente, que las líneas de telefonía fija de Telmex llegan al 79.4% del total del país y que Telcel presta servicios al 70.20% de los clientes de telefonía móvil, mientras que a través de Prodigy se otorgan servicios de acceso a Internet al 76.9% de los usuarios del país.

Para disminuir estas concentraciones de mercado, la reforma constitucional otorgó al IFETEL atribuciones para establecer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de medios, así como para ordenar procesos de desinversión, con el propósito de eliminar eficazmente barreras a la competencia y a la libre concurrencia.

Es necesario enfatizar que la finalidad última de la reforma constitucional no se limita a sólo generar mayor competencia en estos mercados, sino que está centrada en el ciudadano, en asegurar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

Por ello la AMEDI ha iniciado esta campaña, en defensa de los intereses de la sociedad, para exigir a las Cámara del Congreso de la Unión que atiendan puntualmente las disposiciones de la Constitución y no intenten disminuir sus alcances regulatorios en la ley convergente.

No MÁS Poder es una campaña que le exige al Congreso de la Unión que incorpore en el análisis y discusión que habrá de darse en las comisiones dictaminadoras, la Iniciativa Ciudadana en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

No MÁS Poder es una campaña para exigir  que el órgano regulador (IFETEL) tenga las facultades suficientes para limitar la concentración de los actuales monopolios, para que tengamos más y mejores canales y  estaciones de radio y televisión, además de más y mejores servicios de telecomunicaciones como es el internet,  la telefonía celular y fija.

No MÁS Poder es una campaña para exigir que el órgano regulador (IFETEL), la autoridad competente en la materia, asuma de forma plena sus funciones como defensor de los derechos de los ciudadanos y de las audiencias, ante las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones.

No MÁS Poder es una campaña ciudadana que no pertenece a ningún partido político, donde se suman personas y organizaciones dispuestas a trabajar a en favor de una Ley de radiodifusión y telecomunicaciones incluyente y plural.