Un grupo de ciudadanos ha pedido a las autoridades que se responsabilice a los funcionarios públicos que han impulsado la demolición del Teatro Julio Jiménez Rueda. El lunes pasado, el grupo, que también interpuso un amparo para proteger el espacio, presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una “denuncia de carácter administrativo” contra los funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), que pudieran haber incurrido en faltas administrativas.
El documento de cinco páginas, redactado el 1 de abril y presentado el lunes, solicita a la SFP que finque responsabilidades contra “quien o quienes resulten responsables por posibles hechos constitutivos de responsabilidad administrativa”. La denuncia incluye como pruebas documentales la copia simple del oficio número DG.100.1/08/2015 en el que el director del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias, pide que se inicie el proceso de desincorporación del predio donde se ubica el escenario.
Los denunciantes también han incluido el dictamen técnico, elaborado por la arquitecta y restauradora María del Pilar Prado Zavala, donde se señala el valor “histórico, cultural y pertinencia de preservación” del foro. A decir de la denuncia, la demolición “implicaría cometer un acto ilegal y probablemente un delito, toda vez que su propia estructura no presenta ninguna afectación y cumple con todos los requisitos de ley para una construcción de su naturaleza”.
Argumentando que el teatro se encuentra en riesgo debido a que el predio de su costado presenta fallas estructurales, el ISSSTE puso como plazo el 31 de marzo pasado para evacuarlo y proceder a su demolición. A partir de entonces, una serie de críticas y manifestaciones se organizaron en torno al foro. Gente de teatro y trabajadores del INBA se declararon en contra de la manifestación e iniciaron una serie de actos artísticos y legales para rescatar el inmueble.
El 19 de marzo pasado, Excélsior informó que la decisión del ISSSTE no podía llevarse a cabo sin la intervención del INBA, quien de acuerdo con un contrato celebrado en septiembre de 1965, también cuenta con facultades para decidir el futuro del inmueble. De acuerdo con el documento, dijo la abogada Sofía Morales González, el INBA “debería de tener injerencia en las decisiones que pudieran tomarse en relación con la demolición o reubicación del auditorio”.
Cuatro días después, la dependencia a cargo de María Cristina García Cepeda, confirmó las facultades legales con las que cuenta. En un comunicado informó que mientras el ISSSTE no se comprometa a garantizar los recursos necesarios para construir un nuevo teatro, con las condiciones equivalentes a las del Jiménez Rueda, no concluirá con sus actividades en el foro. El 20 de abril próximo está programada la puesta de El malentendido, de Albert Camus.
Ayer la oficina de atención a medios del INBA aseguró que la dependencia trabaja en la conformación de una programación más amplia para los siguientes meses y que las pláticas con las autoridades del ISSSTE continúan con la intención de llegar a un acuerdo. “La fecha límite era el último día de marzo, pero ahora ya está en el terreno del ISSSTE, por lo pronto continúan las pláticas y nosotros seguimos en el teatro, estamos trabajando en eso (la programación)”, señaló la oficina.
En tanto, la subdirectora de Servicios Sociales y Culturales del ISSSTE, Patricia Bravo Troncoso, quien había asegurado que la decisión de demoler el teatro ya era irrevocable, afirmó que ya no cuenta con información sobre el futuro del inmueble. “Son las instancias que están manejando esto, yo le sugiero que pregunte en el jurídico del ISSSTE y del INBA, ellos tienen ese manejo, no le puedo decir, yo no le sé decir, no tengo la información”.
La denuncia presentada ante la SFP agrega que la idea de demoler el teatro procede de una decisión administrativa que podría estar violando diferentes garantías legales. De la Ley General de Bienes Nacionales, afirma que están implicados los artículos 20, 62 y 102. En el 62 se afirma que para resolver el destino de un inmueble federal, se deberán tomar en cuenta por lo menos cinco requisitos que incluyen:
Las características del bien; el plano topográfico correspondiente; la constancia de uso de suelo; el uso para el que se requiere y un dictamen de la SEP, emitido o bien por el INAH o el INBA, en el que se determinen los valores artísticos e históricos del mismo. Un informe realizado en 2013 por el ISSSTE, planteaba obtener 950 millones de pesos con la venta de cuatro inmuebles ubicados en la Plaza de la República, incluido el número 154 donde se levanta el Jiménez Rueda.
La querella también pone énfasis en los requisitos que de acuerdo con la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece para la desincorporación de bienes del dominio público.
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