El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, la cual homologa disposiciones con la legislación nacional y reconoce a los menores de edad como sujetos titulares de derechos humanos y susceptibles de que les sean restituidos.
Esta legislación incorpora doce derechos para este sector: prioridad a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, a la identidad y a la certeza jurídica, a vivir en familia, a la salud física y mental, de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación y la cultura, al sano esparcimiento y al deporte, a la libertad de expresión, reunión y asociación y a la información.
Se fija el derecho a la vida y se incorporan los derechos a la supervivencia y desarrollo, lo que implica concederles a este sector de la sociedad a vivir una vida plena en condiciones que garanticen su desarrollo integral, mientras que a las autoridades se les obliga a efectuar acciones para garantizar su desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la vida, la supervivencia y el desarrollo integral de éstos, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida del referido sector.
En la exposición de motivos, se indica que a nivel nacional se cuenta ya con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, misma que integra acciones para la mejor protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es preciso armonizar la legislación estatal y adaptarla a la regulación general, con la pretensión de tener un ordenamiento local acorde y coherente con ésta.
Esta legislación incorpora doce derechos para este sector: prioridad a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, a la identidad y a la certeza jurídica, a vivir en familia, a la salud física y mental, de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a la educación y la cultura, al sano esparcimiento y al deporte, a la libertad de expresión, reunión y asociación y a la información.
Se fija el derecho a la vida y se incorporan los derechos a la supervivencia y desarrollo, lo que implica concederles a este sector de la sociedad a vivir una vida plena en condiciones que garanticen su desarrollo integral, mientras que a las autoridades se les obliga a efectuar acciones para garantizar su desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la vida, la supervivencia y el desarrollo integral de éstos, así como investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida del referido sector.
En la exposición de motivos, se indica que a nivel nacional se cuenta ya con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, misma que integra acciones para la mejor protección y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; es preciso armonizar la legislación estatal y adaptarla a la regulación general, con la pretensión de tener un ordenamiento local acorde y coherente con ésta.
La anterior legislación “ubicaba a niños, niñas y adolescentes como sujetos de tutela y no de derecho y, al ser vistos de esta forma se les restringía hacer efectivas algunas de las garantías que les otorga la Constitución Mexicana, además de todos los derechos que se desprenden de los tratados de los que México forma parte”.
Se indica que el interés superior del niño debe entenderse como el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente, alcanzando el máximo de bienestar posible.
De esta manera, se fija que el Gobierno del Estado y los municipios incorporen en sus proyectos de presupuestos de egresos la asignación de recursos, que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley; además, el Congreso del Estado y los ayuntamientos en su respectivo ámbito competencial establecerán en sus presupuestos que aprueben los recursos necesarios para cumplir con esta Ley y se incluye como uno de los elementos torales la obligación legislativa para que las leyes que se produzcan garanticen el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las autoridades deberán adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria; o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Se establece que toda persona que tenga conocimiento de hechos o actos que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá dar parte a las autoridades correspondientes y auxiliar en los casos de extrema necesidad, con lo cual se genera laobligación de la autoridad de tutelar y garantizar los derechos, a partir de la observancia plena de los principios rectores del interés superior de la niñez.
Se fortalece el derecho a la identidad, y a vivir en familia para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean separados de su familia de origen o la pérdida de la patria potestad por razones económicas, y se garantiza que en los procedimientos judiciales en que se separe de sus padres, se debe observar la garantía del debido proceso donde salvaguarde el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, pero sobre todo, se fija la obligación de las autoridades para escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Otro aspecto a salvaguardar, es el derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad y el derecho a acceder al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.
Se indica que el interés superior del niño debe entenderse como el conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir plenamente, alcanzando el máximo de bienestar posible.
De esta manera, se fija que el Gobierno del Estado y los municipios incorporen en sus proyectos de presupuestos de egresos la asignación de recursos, que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas en esta Ley; además, el Congreso del Estado y los ayuntamientos en su respectivo ámbito competencial establecerán en sus presupuestos que aprueben los recursos necesarios para cumplir con esta Ley y se incluye como uno de los elementos torales la obligación legislativa para que las leyes que se produzcan garanticen el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Las autoridades deberán adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria; o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Se establece que toda persona que tenga conocimiento de hechos o actos que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes, deberá dar parte a las autoridades correspondientes y auxiliar en los casos de extrema necesidad, con lo cual se genera laobligación de la autoridad de tutelar y garantizar los derechos, a partir de la observancia plena de los principios rectores del interés superior de la niñez.
Se fortalece el derecho a la identidad, y a vivir en familia para evitar que las niñas, niños y adolescentes sean separados de su familia de origen o la pérdida de la patria potestad por razones económicas, y se garantiza que en los procedimientos judiciales en que se separe de sus padres, se debe observar la garantía del debido proceso donde salvaguarde el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, pero sobre todo, se fija la obligación de las autoridades para escuchar la opinión de niñas, niños y adolescentes, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Otro aspecto a salvaguardar, es el derecho de niñas, niños y adolescentes a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad y el derecho a acceder al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.
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