lunes, 9 de julio de 2018

Catorce propuestas para la administración cultural que viene



Por: Eduardo Cruz Vázquez

Como gesto de concordia y conciliación, el nuevo gobierno deberá tomar en cuenta opiniones y propuestas de otros actores y organizaciones involucrados en los temas de políticas culturales.Transmisión del poder cultural de gobierno.

Habremos de creer que una de las primeras oportunidades de un cambio de régimen como el que aterriza consiste en lo que Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura, llama “política de la escucha”. Al atenernos a la novísima política pública, decimos: como en todo tránsito de un sexenio a otro, los que dejan el poder y los que llegan, disponen de equipos de trabajo. Se trata de la “entrega-recepción” que facilite el acceso de unos y el retiro de los otros. Un mecanismo que cobra relevancia ante la promesa hecha en campaña de convertir la transparencia y rendición de cuentas en asunto del orden del día.

Es por ello que hemos elaborado estas 14 propuestas que buscan la médula del trabajo que tendrá Frausto con su gente, desde ahora, y hasta el 30 de noviembre. Ilustran una parte del vasto escenario tras el telón del cambio de estafeta de un grupo de funcionarios a otro. Sin duda es una buena oportunidad de ir viendo las entrañas de una dependencia sobre la que se guardan recelos desde su creación, en diciembre de 2015. Veamos hasta dónde llega la palabra empeñada en la etapa preparatoria de lo que será un nuevo gobierno.

1. Viene la designación del equipo de transición por el gobierno saliente y por el entrante. Que ese inicio de sus labores sea en un acto público.

2. Un gesto de concordia y conciliación sería que Raúl Padilla y César Moheno, quienes fungieron como responsables de cultura de las otras coaliciones, sean parte del equipo de transición del gobierno entrante, en calidad de asesores. Aunque declinó su candidata, la integración de Consuelo Sáizar también sería un acierto.

3. Si el “pueblo pone y el pueblo quita”, una expresión sería nombrar un grupo de observadores ciudadanos que coadyuven en el proceso de cambio de poderes en la Secretaría de Cultura.

4. Es conveniente hacer pública la agenda de los equipos de traspaso de los asuntos de la dependencia. En ellos, el proyecto de reglamento de la Ley General de Cultura. La actual administración, ante el notable retraso de su publicación, debería dejar en manos de quienes les sustituyen sancionar el mismo y emitirlo en 2019.

5. Resulta fundamental conocer el estado actual de los mandos medios y superiores que se rigen por el Servicio Profesional de Carrera. La nueva secretaria deberá comprometerse a no forzar o negociar renuncias. Donde existan o se den vacantes, debe convocarse al concurso que establece la ley.

6. Para los cargos donde no rige el Servicio Profesional de Carrera, hacia la toma de posesión del 1 de diciembre, deben hacerse públicas las razones de dichas designaciones. Con ello, se podrá hacer efectivo que no hay conflictos de interés.

7. Dar a conocer a la comunidad, hacia el mes de octubre, el estado presupuestal en el que se recibirá la Secretaría de Cultura y sus dependencias. Precisar si hay pasivos y cómo serán enfrentados.

8. Conocer el número de trabajadores por contrato (informales) del conjunto del sector. En qué condiciones contractuales quedarán al 30 de noviembre. Que se revele el número de litigios laborales que hereda la administración saliente.

9. Resulta central que el equipo de traspaso haga del conocimiento y ponga a consideración de la comunidad los criterios generales de política económica para el sector y el proyecto del Presupuesto de Egresos para 2019.

10. Quienes se van y los que llegan sentarían un precedente si acuden a rendir cuentas al Congreso, una vez instaladas las comisiones de cultura en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como en el legislativo de la Ciudad de México.

11. Además de la férrea defensa para alcanzar el presupuesto que se requiere para el ejercicio del 2019, se propone que en la discusión del Presupuesto de Egresos, el equipo del gobierno entrante, así como su bancada, se oponga radicalmente a la implementación de los fondos “etiquetados” como se vino realizando. Que se busquen opciones y que se valore restituir los fondos “piso” a los gobiernos estatales, así como a otros programas que se estime necesario rescatar.

12. Que la administración saliente entregue y se hagan públicos los compromisos que deja a la nueva gestión, con su debido gasto programado.

13. Frausto y su grupo de colaboradores deben asumir el compromiso de dar a conocer su programa de trabajo para el año 2019, una vez autorizado el Presupuesto de Egresos de la Federación del primer año de gobierno. Que la conversión de residencia oficial de Los Pinos a centro cultural se posponga para el 2020 para que, si ha de ser, lo sea con la debida factibilidad cultural que la Ley de Planeación dispone. Esta perspectiva considera que, para un programa definitivo de gobierno, se debe cumplir a cabalidad la Ley de Planeación e integrar escrupulosamente tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Programa Sectorial de Cultura.

14. Dada la emergencia que aun se vive, por lo que refiere al rescate del patrimonio histórico afectado por los sismos de septiembre de 2017, resulta vital hacer público el estado que guarda este proceso y lo que se hará en los años por venir.

Los cambios de administración de gobiernos priistas a priistas funcionaron como una mera formalidad. Era además con el pacto de olvidar el pasado para no estorbar los siguientes seis años. De Zedillo a Fox se instauró un modelo de traspaso de poderes que en la misma exhibición se truncó, pues terminaron por hacer un punto y aparte sin mayores incomodidades para unos y otros. La dosis se aplicó de Fox a Calderón, y de éste a Peña Nieto. Si “Juntos Haremos Historia”, que ésta comience con un ejercicio innovador de transmisión de poderes, que se ventile, que se sepa con toda amplitud, el estado que guarda la nación de EPN a AMLO, de García Cepeda a Frausto Guerrero.


//FOTO: Las decisiones del próximo gobierno deberán cumplir con “la debida factibilidad cultural que la Ley de Planeación dispone”. En la imagen, detalle de Epopeya del pueblo mexicano, mural de Diego Rivera en el Palacio Nacional. Yadín Xolalpa / EL UNIVERSAL.

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