La Política Cultural en la 4T

Por : Carolina Rendón Okolova 

Hasta ahora el único documento donde podemos encontrar un adelanto de lo que será la política pública en materia cultural del Gobierno de López Obrador es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde la cultura, afortunadamente, cuenta con unas cuantas líneas.

El Objetivo 2.9 trata la cultura desde una óptima de derechos culturales y viene acompañado de 2 indicadores y 7 estrategias que no tienen una clara relación entre sí. Los indicadores son interesantes: aumentar la intervención con actividades artísticas en municipios de alta incidencia delictiva (del 8 al 93 por ciento en 2024) y reducir la distancia para acceder a eventos artísticos y culturales ofertados por la Secretaría de Cultura (de 50 a 5 km). 

De estos únicos dos indicadores para la cultura surgen múltiples interrogantes: ¿Por qué a 5km y no a 7, a 8, a 10? ¿Por qué debe ser la Secretaría de Cultura quien oferte cultura cada 5 kilómetros? ¿No hay otras fuentes de oferta cultural local? ¿Dónde quedan los principales actores que deberían participar de y en la elaboración las políticas culturales, y de qué forma van a hacerlo? 

Aunque en el PND hay esbozos de una visión económica, pues se menciona la intención de apoyar a las industrias culturales y creativas, ésta no viene acompañada de estrategias ni planes para el sector, ni se habla de incentivar a la iniciativa privada para financiar proyectos culturales, al estilo estadounidense (o al estilo de Nuevo León, consideraciones aparte); mucho menos se ha tratado el tema de las industrias culturales y el T-MEC.

Hasta ahora, el Plan no presenta un diagnóstico claro y exclusivo para el sector cultural y los únicos dos indicadores que se plantean tienen que ver con otras áreas de política pública y con una de las propuestas clave de la campaña de AMLO: la pacificación del país. 

El otro documento clave para el sector es el difundido durante la campaña electoral titulado “El poder de la cultura”. En éste, la política cultural se menciona en tres ocasiones: “La política cultural está concentrada en la Ciudad de México” (pág. 3), “El reconocimiento y el flujo de conocimiento serán la semilla de la nueva política cultural” (pág. 4) e “Impulsaremos una política cultural enfocada en la niñez…” (pág. 5). Además, el uso de la palabra cultura es bastante ambiguo y parece más bien buscar ser el detonante de una serie de objetivos: desarrollo, paz, modernización, educación, inclusión, etc.

Hasta este punto me parece que en la 4T predomina una especie de “visión instrumental” de la cultura que, irónicamente, nace a partir del auge del modelo neoliberal de los años 90 con la necesidad de justificar el gasto público en este ámbito. La ausencia de un diagnóstico claro y explícito, que plantee los obstáculos y problemáticas específicas del sector, y la constante alusión a otros objetivos de política pública, muestran que la cultura queda supeditada o al servicio de otros fines. 

Aunque la intervención pública en cultura sí puede, y debe, ser un eje transversal que atraviese a otros sectores para alcanzar objetivos comunes, no se le puede reducir únicamente a ello. Es decir, las intervenciones culturales pueden servir, con una buena planeación, a fines de seguridad pública o cohesión social, pero no se debe considerar que esa es la única función que puede cumplir la cultura, ni mucho menos pensar que no tiene objetivos propios. 

Estamos a la espera de un plan sectorial, que aclare los objetivos específicos, estrategias y programas de la nueva política cultural. Tal y como se ha planteado hasta ahora, esta podría ser responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Economía, podría regresar a la Secretaría de Educación Pública o dirigirse desde Gobernación.