Desencuentros entre la comunidad artística y la Secretaría de Cultura, diferencias profundas por el Proyecto Chapultepec, recortes presupuestales “letales” y los dimes y diretes de AMLO con revistas, ferias de libro e intelectuales fueron algunas de las polémicas que sacudieron al sector cultural en México este 2020. No falta en este recuento la operación de “Desactivación colectivos” que ya forma parte de los peores escándalos en la historia de la Secretaría de Cultura.
El efecto dominó del decreto presidencial del 2 de abril
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la extinción de fideicomisos y mandatos sin estructura orgánica, con el fin de obtener recursos para atender la pandemia de Covid-19. Este decreto se llevó a varios instrumentos que habían sido fuente de recursos, e implicó la desaparición del Fonca.
Ante las protestas de la comunidad artística, tanto la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, como la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, han insistido en que en este proceso de cambio habrá transparencia y que está garantizado el presupuesto comprometido del Fonca hasta 2024. Pero la realidad es que se sabe poco de cómo será el proceso de transformación y qué quedará de los varios programas que hoy existen.
En agosto, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un exhorto aprobado en sesión de la comisión bicameral, demandó a la Secretaría de Cultura a fortalecer el Fonca y que este organismo continúe sus funciones pero también transparentar sus nuevas reglas de operación. El arte no es un lujo, señalaron, entonces.
Fue el 21 de octubre cuando, tras el decreto presidencial y múltiples manifestaciones y cartas de apoyo de universidades como Harvard y Oxford, finalmente el Senado aprobó en lo general y en lo particular la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, entre ellos Fidecine y Foprocine.
Aunque AMLO aseguró que a deportistas, artistas, creadores, escritores, artesanos, entre otros, no les van a faltar sus recursos porque continuarán los apoyos, las dinámicas para entregar dichos apoyos no han sido transparentes. Incluso en octubre las Reglas de Operación del FONCA fueron modificadas sin revelar más detalles.
Bajo la línea de austeridad y redireccionar fondos para combatir la pandemia, el INAH sufrió un recorte del 75% de su presupuesto de gastos operativos, equivalente a 750 millones de pesos.
El recorte implica afectaciones en investigaciones, trabajos arqueológicos, difusión cultural, restauración, mantenimiento de monumentos y museos y la seguridad de éstos, lo cual fue definido por especialistas como “un golpe brutal”.
En junio, Bolfy Cottom, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, acudió a la Secretaría de Hacienda y a Palacio Nacional para entregar el documento que fue firmado por más de 6 mil investigadores e instituciones tanto nacionales como extranjeras. Y aunque en la SHCP sí se lo recibieron, la Presidencia no lo aceptó porque no tenía sello oficial. “Me llama la atención que curiosamente, dieron a conocer en Palacio Nacional un documento (llamado ‘Rescatemos a México’ e impulsado por el Bloque Opositor Amplio) sin un sello oficial y que según eso lo fueron a entregar. ¿No que no recibían documentos que no llevaban sellos oficiales? La verdad que es muy extraño”, dijo en aquel entonces el investigador a EL UNIVERSAL.
La protesta no quedó entre la comunidad arqueológica mexicana, también hizo eco en la UNESCO , que también enviaron misivas al Presidente.
La última víctima del año es la Fonoteca Nacional, con un recorte del 80% de presupuesto.
“Nos dijeron claramente que había un recorte del 80%, nos desearon feliz Navidad y nos dieron las gracias. Fue brutal”, dijo una de las afectadas.
Diálogos entorpecidos
La comunidad arqueológica mexicana no fue la única que se topó con el muro de silencio de las autoridades. En noviembre estalló la polémica cuando en una reunión entre colectivos de artistas y un grupo de funcionarios, al aire, sacaron un trapito sucio de la Secretaría de Cultura: un chat de Whatsapp.
“Desactivación colectivos” fue el nombre de este grupo de whatsapp de funcionarios de la Secretaría, que apareció por error en la pantalla compartida de un zoom mientras se negociaba la dignificación de los artistas.
El bochornoso suceso quedó grabado en un video que semanas después fue compartido por los colectivos. El problema se “solucionó” con la renuncia de dos funcionarios: Alejandra Chávez, directora de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural y Alejandro Ortiz, responsable de Desarrollo Académico del Centro Nacional de las Artes . En medio de la conversación quedó Esther Hernández, directora general de Vinculación Cultural, quien se declaró responsable por no avisar a la Secretaria de Cultura sobre el nombre que tenía el chat.
Pese a esto, a la fecha miembros de la comunidad siguen exigiendo la renuncia de Alejandra Frausto.
Otro diálogo que fue el centro de la polémica fue el desplegado que enviaron 650 intelectuales, artistas, periodistas, cineastas y científicos para defender la libertad de expresión.
El desplegado surgió poco después de la inhabilitación a la revista “Nexos” que impuso la Función Pública en agosto.
Bajo el título “En defensa de la libertad de expresión”, los firmantes señalaron que el Presidente maneja "un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios", situación que “tiene que parar” porque “la libertad de expresión está bajo asedio y que con ello "está amenazada la democracia".
Como respuesta, simpatizantes de AMLO publicaron una carta titulada “Por la libertad, contra los privatizadores de la palabra”, con la adhesión de 28 mil ciudadanos.
Otro diálogo áspero fue entre el mayor encuentro librero de iberoamérica, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y AMLO, quien aseguró que las últimas ediciones han estado dedicadas en su contra.
Raúl Padilla, presidente de la FIL, dijo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se consolidó en contra de personas o instituciones, mientras que el gobernador de Guadalajara, Enrique Alfaro, declaró que “los libros hacen que las mentiras tengan fechas de caducidad (...) precisamente eso, enfurece a los totalitarios (...)”.
Las contradicciones de la austeridad
“Cuando entreguen el Proyecto Chapultepec, acuérdense de que fue a costa de miles de familias y de miles de proyectos culturales”, dijo uno de los empleados de la Fonoteca Nacional. Y es que en tiempos de ceñirse el cinturón, parece que el Proyecto Chapultepec es inmune a los recortes. Tan solo en el presupuesto de egresos de 2021 fue el único beneficiado con un aumento del doble de lo que tuvo en 2020 a través de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, donde se concentran sus recursos.
El disgusto de la comunidad artística y de los ciudadanos es de conocimiento público, cuestionan la cantidad de recursos, el Plan Maestro y la falta de transparencia. La desaprobación al proyecto ha sido de tal grado que hasta le adaptaron una cumbia que titularon “Escándalo Chapultepec”.
Especialistas, desde arquitectos hasta urbanistas también dieron a conocer sus opiniones sobre el proyecto a través del especial de EL UNIVERSAL, “Conversaciones sobre Chapultepec”.
Otro que no estuvo lejos de las polémicas fue el director del Fondo de Cultura Económica. Más allá de aconsejarle a Enrique Krauze dejar el país o de hacer transmisiones en vivo con su mano derecha en estado de embriaguez , Paco Ignacio Taibo II dio de qué hablar cuando en abril se hizo pública la corrupción que se ejercía dentro de la filial en Colombia del Fondo de Cultura Económica.
Lo que causó polémica no sólo fueron las irregularidades, actos de corrupción y nepotismo, la entrega de contratos a tres empresas de su hijo, el hecho de hacer un autopréstamo y gastos personales con cargo a la paraestatal por hasta 5 mil dólares mensuales cometidos por el titular de esa filial, el escritor Nahum Montt, sino la reacción de Taibo ante los hechos.
Públicamente el funcionario dijo que le llamó “fuertemente” la atención a Montt, sin embargo EL UNIVERSAL tuvo acceso a una conversación donde se lee que Taibo II le mandaba a decir: “El Fondo es tu casa, pero no se la dejes a nadie” y lo estimulaba a seguir con lo que llamó la “Operación Bogotá”.
Al final, el encargado del FCE aceptó la renuncia de Nahum Montt. La Secretaría de Cultura no podía cerrar el año sin una última polémica. El 18 de diciembre la UNAM dio a conocer los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura. Ese mismo día, Alejandra Frausto pidió que se diera una “distinción extraordinaria” a una mujer porque los ganadores eran sólo hombres. La productora de cine Bertha Navarro recibió dicha distinción.
Aunque el jurado no cuestiona las aportaciones culturales de Navarro, sí considera que la decisión de otorgar esta distinción “descalifica el dictamen del jurado correspondiente; pone en tela de juicio los méritos de todos los ganadores del Premio; desconoce a todos los candidatos que no lo obtuvieron pero se ajustaron honradamente a la normativa --muchos de ellos destacadas mujeres—".
Según la Convocatoria y la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, eso no parecía posible, sin embargo las autoridades aclararon que sí era legal entregar este “Reconocimiento Especial”. Entre las dudas, está la de si en tiempos de austeridad se puede solventar un Premio Nacional de las Artes y Literatura extra, que consiste en 823 mil pesos y la distinción de Creador Emérito en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, vitalicia de aproximadamente 42 mil pesos mensuales.
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