lunes, 28 de enero de 2013

Sugieren a emprendedores culturales no tomar ideas de la web


Por: Fabiola Naranjo

El incremento del uso de Internet para la creación de empresas culturales ha generado diversos conflictos legales debido a la falta de información entre los emprendedores sobre el uso que hacen de diseños, fragmentos de libros, pinturas y grabaciones musicales que encuentran en la red para atraer la atención de los consumidores hacia sus productos, sin saber que en caso de utilizar algún elemento previamente registrado pueden hacerse acreedores a multas de hasta 1 millón de pesos.

“La materia prima de un emprendimiento cultural es la creatividad de sus desarrollos, los cuales pueden enriquecer a través del uso de obras previamente existentes, siempre y cuando sean de libre uso o a través de licencias y contratos”, explicó Eduardo de la Parra, representante del bufete De la Parra y Asociados durante su participación en el foro Nodo: Fomento a Emprendimientos Creativos y Culturales e Industrias Culturales, que se celebró ayer en el Tecnológico de Monterrey, campus ciudad de México.

Al respecto, en su intervención, Marco Antonio Morales, director jurídico del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), dijo que la digitalización empresarial demanda no sólo una modificación en la forma en que un negocio administra sus bienes y riquezas, sino que también hace evidente la necesidad de modificar el marco legal de los derechos de uso de un producto.

“En la actualidad, la gente tiene la mala creencia de que todo lo que encuentra en Internet es de libre uso y no es así. Muchas veces olvidan leer las notas legales de cada sitio para saber cómo se puede utilizar lo que hay en un portal web”, aseguró el titular del Indautor durante el panel “La creatividad como Negocio”.

Y es que, en caso de que un emprendedor o un empresario utilice algún material que cuente con un registro previo y no llegue a un acuerdo de resolución con el titular del mismo, puede hacerse acreedor a sanciones.

Las sanciones van desde 50,000 hasta 1 millón de pesos, adicionales a penas privativas de la libertad de entre dos y 10 años, según el tiempo y la forma en la que hayan utilizado el producto.

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