Por: Virginia Bautista
“El modelo de políticas culturales que funcionó en México en el siglo XX está agotado. El sector está perdiendo. Nos descapitalizamos. Los procesos artísticos y culturales no están teniendo piso. Necesitamos crear otro pacto social alrededor de la cultura”, afirma tajante Lucina Jiménez.
La antropóloga cultural, junto con la editora Déborah Holtz y el abogado Ricardo Fuentes, presentaron ayer el documento Diez compromisos para el diseño de una nueva política cultural, firmado por 550 artistas, promotores culturales, investigadores y editores, que exigen a quien gane las elecciones presidenciales del próximo domingo tomar en cuenta estas propuestas como punto de partida.
“Estamos ante un hecho histórico. Es la primera vez que se reúne gente de cultura de 26 estados desde la sociedad civil, es decir, sin que haya sido convocada por algún partido o institución. Son más de 500 voces gritando: ‘Necesitamos una política cultural de Estado’”, agrega Déborah Holtz.
“Nuestro planteamiento no está enfocado sólo a las disciplinas artísticas, sino que va más allá, porque la cultura son formas de vida, relaciones sociales y un eje de desarrollo social”, añade Ricardo Fuentes.
El documento fue entregado y explicado el sábado pasado, detallan, a los equipos de campaña de los cuatro candidatos presidenciales (Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri) como una forma de alzar la voz ante el silencio y la manera como fue relegada la cultura por las campañas que ya se encuentran en proceso de cierre.
Proponen, como primer punto, incluir a la cultura y a las artes dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 como un tema común y articulado con los sectores de educación, desarrollo social, economía, salud, turismo, medio ambiente, comunicación, seguridad pública y relaciones internacionales.
En segundo lugar, piden que se reconozcan los derechos de los pueblos autóctonos, indígenas y comunidades originarias a gestionar su patrimonio cultural, “para lo cual es necesario crear fondos de inversión y una legislación que les otorgue personalidad jurídica”.
Asumir que la cultura es también un sector productivo, por lo que sus hacedores deben tener acceso a créditos y estímulos económicos y fiscales, es otra de las exigencias.
“Generamos riqueza, empleo y bienestar social. Pero el panorama cultural está dominado por el Estado y hay una ventanilla única para acceder a los recursos. La cultura se maneja de una manera aislada, por eso enfrentamos un gran rezago”, dice Holtz.
Poner fin a la discrecionalidad en la distribución de fondos públicos para la cultura y las artes, y definir reglas claras para este financiamiento; incluir la educación artística, digital y audiovisual en el sistema educativo nacional; y crear nuevas estrategias de promoción cultural acordes al avance tecnológico, son otros de los puntos.
Jiménez reconoce que también se debe impulsar una reforma en la ingeniería de las instituciones públicas encargadas de las políticas culturales. “Quien dirija la institución rectora del sector deberá tener la capacidad de articular una política pública de Estado fincada en el diálogo”.
El décimo inciso especifica: “Esta persona, deberá tener experiencia probada en su quehacer, contar con una visión amplia, desprejuiciada e incluyente del inabarcable terreno de la cultura, y gozar del respeto de los protagonistas de estos procesos”.
Holtz aclara que para el grupo que representa la cultura está por encima de los partidos. “Con esto iniciamos un movimiento social por las necesidades de la cultura, no en contra de nadie. Pero sí estaremos vigilantes, no quitaremos el dedo de la llaga. Vamos a darnos nuestro lugar”.
Jiménez destacó que quisieron entregar el documento a los cuatro candidatos en igualdad de circunstancias, porque “lo más importante es lo que viene después de las elecciones, pues caminamos hacia un Observatorio de Política Cultural Ciudadana, que deberá funcionar por estados, no como un órgano acusatorio, sino propositivo, que asuma el reto de trabajar juntos”.
DECÁLOGO
La propuesta establece como puntos básicos:
La cultura como un tema articulado a otros sectores.
Derecho a los pueblos autóctonos a gestionar su patrimonio.
La cultura como un sector productivo.
Reglas claras para el financiamiento público.
Incluir al sistema educativo la educación artística, digital y audiovisual.
Crear nuevas estrategias de promoción acordes al avance tecnológico.
Reformar las instituciones públicas encargadas de las políticas culturales.
Estimular la inversión pública y privada en el sector.
Crear programas de formación para los responsables del sector.
Articular una política pública con base en el diálogo con las comunidades.
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