Por: Judith Amador Tello
Como cada fin de año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó hace unos días un parco informe de los trabajos de conservación y restauración de los bienes culturales, realizados a lo largo de doce meses, en el cual destaca la recuperación de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito.
“El INAH realizó importantes labores de restauración en 2017”, resaltó su comunicado, aunque sobra el calificativo puesto que importantes o no, son parte de los quehaceres sustantivos que le marca la ley. Lo mismo debe restaurar, conservar e investigar la monumental escultura realizada por Manuel Tolsá o el esqueleto prehistórico del ser humano femenino encontrado en una cueva sumergida de Quintana Roo (y el cual se bautizó con el nombre griego de “Naia”), que a los tepalcates que se encuentren en proyectos de excavación o salvamentos arqueológicos.
Inevitablemente, la restauración de El Caballito no podrá ya dejar de vincularse –no tendría por qué– de la historia de la fallida intervención que en el 2013 ordenó y contrato el gobierno de la Ciudad de México, que lo dañó y obligó a esta recuperación de la cual ahora presume el instituto. Así lo resumió el semanario Proceso, en julio de este año, con motivo de la entrega de las obras donde se invirtieron 7.5 millones de pesos:
“Todo fue un despropósito, desde la absurda limpieza en 2013 a la primera escultura en bronce fundida en el Nuevo Mundo. Vinieron luego los ocultamientos de responsables, las complejas elucubraciones sobre una restauración que era relativamente simple, al menos desde la perspectiva de los especialistas independientes. Uno de ellos, el arquitecto Sergio Zaldívar, calificó la develación de la obra de Tolsá, el pasado 28 de junio, como una entelequia.”
El instituto subrayó ahora en su brevísimo recuento que se trató de una intervención “sin precedentes” para restablecer la integridad de la superficie de la monumental escultura, “afectada por la acción de más de dos siglos de intemperismo y por una intervención inadecuada”.
No habrá que olvidar jamás que fue principalmente por lo segundo, pues muchas son las esculturas en esta y otras ciudades del país y del mundo que están a la intemperie, pero a pocos se les ocurre arrojarles ácido para limpiarlas, tienen –como insistió el arquitecto Zaldívar a lo largo de todo este proceso– una pátina dada por el tiempo.
Hasta el 2016 se hizo cargo el INAH de los trabajos. Se estudió, como ninguna otra obra, hasta el interior, y participaron, según datos de la propia institución, más de 160 profesionales adscritos a dependencias como las coordinaciones nacionales de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) y de Monumentos Históricos (CNMH), y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía (ENCRM) y de otras instituciones.
Sismos de septiembre
En apenas un párrafo, se sintetizan las acciones que debieron emprenderse para atender los bienes patrimoniales dañados por los sismos de septiembre de este 2017 en los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y la Ciudad de México. El informe mencionó sólo la intervención a la parroquia de Santa Prisca, construida en el siglo XVIII e ícono del barroco mexicano, ubicada en Taxco, Guerrero.
Fue la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien en un encuentro con un pequeño grupo de reporteros, reiteró que el total de inmuebles afectados por los terremotos es de mil 821 y que se requerirán 12 mil millones de pesos para su recuperación, la cual no concluirá hasta el año 2020, es decir, que será un trabajo “transexenal”.
También informó de la integración de un Comité Ciudadano formado por el politólogo Federico Reyes Heroles, el ingeniero Roberto Meli, quien participó en el proyecto de Rectificación Geométrica de la Catedral Metropolitana, los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha, y el especialista en legislación de monumentos, Bolfy Cottom.
En una entrevista con el semanario Proceso, el antropólogo Cottom expuso en octubre pasado la necesidad de contar con una estrategia de Estado, con la participación de diversos sectores de la sociedad y con metas a corto, mediano y largo plazos para la recuperación de ese patrimonio.
Luego de su informe ante los medios, se le preguntó a García Cepeda si les había convencido la propuesta del investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH o cómo se había dado el acercamiento para incluirlo en el Comité Ciudadano:
“No, nosotros ya teníamos el plan maestro de acción que consideraba precisamente la participación de toda la sociedad en el sentido de involucrar, claro, al sector privado, a los especialistas, a los gobiernos de los estados, los municipios, pero la propuesta de Bolfy Cottom, a mí como secretaria de Cultura, me pareció muy importante porque tiene conocimientos y cosas que aportar que van a beneficiar a este comité.”
La funcionaria insistió en que no se sintieron rebasados por la emergencia, pero habrá que recordar que fue mucha la labor que los propios trabajadores, académicos, investigadores del INAH. Hasta arqueólogos, historiadores y antropólogos que participaron en el registro y levantamiento para detectar las urgencias y poder apuntalar los inmuebles históricos que seguían con riesgos de colapsos o derrumbes.
Ha sido pues un año difícil y el trabajo más complicado de recuperación del patrimonio está por venir.
Fuente: Proceso.
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