Fondeo sin garantías

 

 

Por:  Leticia Robles  De  La  Rosa

 

Sin un mecanismo que garantice el fondeo económico necesario, la política cultural de México estará sujeta a revisión anual para tener la capacidad de “atender los retos que registre y a una estricta fiscalización del uso del presupuesto que implique el fomento, difusión, preservación, conservación, mejoramiento de los bienes y expresiones culturales”, establece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Aprobada anoche por el pleno del Senado la República, la nueva ley que regirá el sector cultural, criticada en tribuna por el coordinador del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, precisa que no se autorizarán recursos adicionales a la Secretaría de Cultura federal para atender las facultades y atribuciones que le genera este nuevo marco legal, que nace después de ocho años de retraso.

“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la presente ley, así como las modificaciones a las atribuciones conferidas o a la estructura orgánica de la Secretaría de Cultura, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes del Ramo Administrativo 48 Cultura, debiendo realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, toda vez que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de dicha Dependencia”, establece su régimen transitorio.

Tal como lo reveló Excélsior, la nueva ley cultural excluyó todo el entramado legal para garantizar el fondeo económico de la política y actividades culturales del país, con medidas como obligar a un financiamiento anual creciente, que originalmente se agrupó en todo un capítulo de ley, como producto de la discusión y acuerdos alcanzados por senadores y diputados federales de integrantes de las comisiones de Cultura de ambas cámaras.

Dispone que “las acciones contempladas en esta ley, que corresponda realizar a la Federación, deberán ejecutarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria para el fomento, difusión, conservación, preservación e investigación de la cultura en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda, con cargo a los fondos que tengan como finalidad el fomento de las expresiones y manifestaciones de cultura; en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables”.

También se sujetarán a los estímulos e incentivos incluidos en las leyes fiscales y a las donaciones, herencias y legados que se adquieran por cualquier título para el cumplimiento de sus propósitos.

Detalla que las entidades federativas se sujetarán a sus respectivos presupuestos, así como a los instrumentos de financiamiento que se establezcan en la legislación correspondiente.

“Los recursos públicos federales aplicados en el cumplimiento de los objetivos de la presente ley no perderán su carácter federal y las disposiciones de fiscalización federal se aplicarán a las entidades federativas, los municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, conforme a la legislación vigente”, dice.

Asimismo crea la Reunión Nacional de Cultura, como “un mecanismo de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los derechos cultuales a nivel nacional”.

Estará constituida por los titulares de dependencias u organismos públicos de cultura de las entidades federativas y la Federación y sesionará una vez al año, para “proponer directrices de política pública nacional sobre el objeto de la ley; presentar propuestas de proyectos de trabajo entre las instituciones federales y las entidades federativas.

Y también para “proponer políticas de impacto cultural en comunidades y regiones que favorezcan la cohesión social, la solidaridad y la cooperación entre personas, grupos y generaciones y los demás asuntos que propongan los representantes y que por mayoría apruebe el pleno de la Reunión”.

Fundamentalmente, la nueva ley obliga a la coordinación de los tres niveles de gobierno, entre los sectores público, privado y social; el respeto a las culturas originarias; el uso de la tecnología de información; crea el Sistema Nacional de Información en Materia de Cultura y el Sistema Estatal de Información Cultural.

La Ley General de Cultura y Derechos Culturales que ayer aprobó el Senado “es tan ambigua que generará un conflicto mayor” en el sector, además de que su aprobación constituye “una vergüenza” para el Congreso de la Unión, que no atendió a todos los sectores involucrados, y para la Secretaría de Cultura federal, que prefirió guardar silencio, considera Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural.

“Desafortunadamente, una vez más, ni los diputados ni los senadores tuvieron la capacidad de escuchar que, mientras no hagan las cosas de manera distinta, seguirá sucediendo lo mismo en el sector cultural”, afirmó el investigador del INAH. Para Cottom, la ley que fue aprobada no resuelve el problema económico que siempre ha padecido la cultura y podría generar también un conflicto con las entidades federativas al no consultárseles.

“Pasaron por arriba de las entidades federativas, nunca tuvieron una opinión fundada de sus órganos legislativos. A ver qué dicen los estados, el Gobierno de la Ciudad de México; a ver si aceptan una ley que les está estableciendo directrices en cuanto al régimen interior que les compete. Esta es una wiki-iniciativa convertida en ley, hicieron pedazos toda la parte financiera. Yo no sé cómo van hacer cumplir esta ley con el poquito de contenido que les quedó”, estimó.

Opinó que tanto diputados como senadores “hicieron lo que quisieron” e incluso en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que preside el panista Santiago Taboada, ignoraron al grupo que se conformó para redactar una propuesta: “Primero conformaron un consejo a modo, un consejo que ahora podemos decir que más que orientador fue desorientador, es una vergüenza que les hayan regresado un proyecto de ley con menos de 50% de lo que habían propuesto”.

La ley que regirá la cultura, agregó, está demasiado sesgada hacia la apertura del sector hacia la iniciativa privada, “sigue teniendo problemas de inconstitucionalidad” y fue producto de acuerdos políticos entre ambas cámaras. “Que no duden que habrá reacciones, incluso por la vía judicial; es muy lamentable que traicionen su palabra, que a lo que se comprometen no lo cumplan, aunque tampoco es extraño, porque esa es ahora la característica de los legisladores y varios funcionarios públicos”.

De ahí que, enfatizó, “es lamentable que se hayan convertido en cómplices quienes están al frente de nuestras instituciones, sobre todo del gobierno federal, que no hayan dicho nada sobre este documento, que lo hayan visto pasar sin haber expresado ninguna sola idea, sin ningún comentario, sabiendo incluso que están interfiriendo en atribuciones que corresponden a estas instituciones”.